El Gobierno del PP no le da visados de entrada a los testigos saharauis citados por la Audiencia Nacional. ¿Es que cree que son extranjeros?

Francisco Etxeberria (a la derecha) junto a  Mahmud Selma Daf, responde a la prensa tras declarar en la Audiencia Nacional el miércoles.

No es de extrañar que el presidente Rajoy en su viaje a Turquía acabase  en un mitin electoral islamista sin darse cuenta de adónde se había metido. En un tema mucho más cercano para nuestra diplomacia como es el del Sáhara Occidental tampoco parece enterarse. De lo contrario, no se explica que consienta a su ministerio de Exteriores negar el visado a saharauis del Sáhara Español para acudir a la Audiencia Nacional a prestar declaración respondiendo a la citación del juez Ruz en relación a la querella por el genocidio saharaui. Debido a ello, el pasado miércoles 12 de febrero, de los testigos saharauis citados a declarar junto a los peritos forenses Carlos Martín Beristaín y Francisco Etxeberria (responsables del hallazgo de las fosas comunes de este verano), sólo pudo estar Mahmud Selma Daf, hijo y hermano de dos de las víctimas de esta atrocidad, por residir en España.

Hay quien ha puesto el grito en el cielo por lo que es una clara obstrucción al ejercicio del principio de justicia universal que el PP quiere aniquilar rematando lo poco que quedó de esta arma contra la impunidad tras una criticada reforma de  Zapatero. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), cuyos abogados han contribuido a la querella por genocidio y desde donde, hasta el último momento, se intentó hacer posible el viaje de los testigos, han explicado que en el consulado de Argel han puesto como excusa que esta es una mala temporada en la que no dan abasto con las peticiones de visados de ciudadanos argelinos. Pero no nos dejemos enredar dando por hecho que los saharauis necesitan un visado. La cuestión, como ocurrió con Aminetu Haidar y su fallida expulsión, es que los saharauis no son extranjeros extracomunitarios, sino ciudadanos originarios de un Territorio No Autónomo, es decir, pendiente de descolonizar, que la ONU dice sigue teniendo España como potencia administradora. Es decir, que no necesitan visado y si España les pone impedimentos es porque les está usurpando una nacionalidad a la que los saharauis tienen derecho mientras no se resuelva su problema y se lleve a término su autodeterminación.

Los Gobiernos españoles padecen una vergonzosa tendencia a incurrir en esta fea situación para el prestigio internacional español. Trinidad Jiménez, como ya contamos, en los tiempos de Zapatero mintió descaradamente asegurando que España ya no tiene responsabilidades con el Sáhara con tal de no pedir a Marruecos explicaciones sobre la tragedia de Gdeim Izik, como es obligación de España, de acuerdo con lo fijado en el art. 73 cap.XI de la Carta de la ONU referente a pueblos que deben acabar su proceso de descolonización y el papel de las potencias administradoras.

El abogado Manuel Ollé (APDHE) u Mahmud Selma Daf, el miércoles.

Rajoy, nada más llegar al poder, contestó saliéndose por una deplorable tangente, a una carta de la APDHE, que le pedía acabase con la ilegal dejación de responsabilidades de España con el pueblo saharaui y deje de privarles indebidamente de una documentación a la que tienen derecho. Sin embargo, el firmante de la carta de respuesta, Jorge Moragas, brazo derecho de Rajoy en política exterior, demostró (cuando el PP estaba en la oposición) tener un buen conocimiento de que España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y de que no cumplir con el art.73 de la Carta de Naciones Unidas supone una patada española a la legalidad internacional. Pero, por lo visto, Rajoy ha optado por continuar la política de Trinidad Jiménez como si fuese suya. De hecho, no sólo ha culminado la estrategia de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos iniciada por el anterior Gobierno socialista para reconocer implícitamente un supuesto papel marroquí a la administración de las aguas saharauis. Además,  lleva casi dos años dificultando la concesión de visados a saharauis que, por residir en los territorios ocupados ilegalmente por las tropas de Mohamed VI o por estar residiendo en los campamentos de refugiados situados en Argelia, se van obligados a utilizar una documentación que no corresponde a su situación legal.

José Taboada, presidente de CEAS Sáhara que el miércoles estaba ante la Audiencia Nacional apoyando la declaración de los testigos del genocidio, me confirmó que lo del negar el visado a saharauis es ya una práctica tan sistemática con el actual Gobierno que está teniendo consecuencias especialmente graves con los saharauis necesitados de ayuda médica, incluyendo a familiares de saharauis que tuvieron carnét de identidad español hasta que se lo usurparon en 1975 y que llegaron a formar parte del ejército español. El problema se ha vuelto tan desesperante que Izquierda Unida está preparando una pregunta parlamentaria sobre la cuestión. 

EL SÁHARA OCCIDENTAL SIGUE SIENDO SÁHARA ESPAÑOL

Teresa Smith de Cherif durante una de sus misiones médicas en Tinduf.

Lo ideal para reforzar esta iniciativa de IU es que los españoles se echasen a la calle para pedir el respeto a la legalidad internacional con el pueblo saharaui con la pasión que lo hicieron con las manifestaciones contra la intervención en Irak. Pero puede haber otras fórmulas para que el resto de nuestros políticos tengan claro que, aunque ellos digan lo contrario, la opinión pública sabe que España sí tiene responsabilidades jurídicas, además de históricas, con el pueblo saharaui. Una ya lo hemos comentado, es firmando la campaña de la APDHE para que España vuelva a ejercer sus responsabilidades. Otra es la que estas Navidades, tras la aciaga ratificación de los acuerdos de pesca por parte del Parlamento Europeo, propuso la veterana analista en asuntos africanos y doctora estadounidense Teresa Smith de Cherif para que tendamos a decir Sáhara Español en lugar de Sáhara Occidental.

Que nadie se confunda: decir Sáhara Español no es para reivindicar una situación colonial que es impensable revivir sino para recordar que, de cara a la legalidad internacional, el territorio saharaui sigue sin estar descolonizado y que es a España a quien corresponde, como potencia administradora, la responsabilidad de impulsar este proceso hacia el final.  Seguro que al lobby promarroquí no les hace ninguna gracia; ellos prefieren que se hable de Sáhara Occidental porque a la opinión pública española que no está metida en el tema les suena a algo ajeno y lejano. A ellos les viene mucho mejor que los españoles crean que los saharauis son habitantes de un estado tan soberano como quedó Guinea Ecuatorial tras el fin de su descolonización, un estado con posibilidades de sacar sus propias castañas del fuego y con el que España ya no tiene ninguna obligación más que las que dicta un generoso  sentimiento de solidaridad.