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| Refugiados saharauis huidos de la invasión marroquí y mauritana en 1976.
UN Photo/Hubert
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El hallazgo de las fosas comunes con los restos de pastores
nómadas (dos de ellos menores) con sus carnés de identidad españoles, da para
varias reflexiones. En primer lugar, las víctimas fueron ejecutadas el 12 de
febrero de 1976, es decir, cuando España todavía estaba en el territorio compartiendo con Marruecos y Mauritania esa administración tripartita generada por la
farsa de los llamados acuerdos de Madrid.
No fue hasta el 26 de febrero de 1976 que el embajador español ante la ONU transmitió al secretario general de la organización aquella carta en la que su Gobierno (el primero de la monarquía) anunció la salida de la ex provincia 53 y la renuncia de España a las responsabilidades internacionales de potencia administradora del pueblo saharaui. Así que que no hay excusa que justifique que España no se enterase de las atrocidades marroquíes y las denunciase ante la comunidad internacional.
En los relatos de la historia sobre el comienzo de la invasión sigue habiendo varios agujeros negros. Uno de ellos es el que ocultó cómo vivió el pueblo saharaui la toma de control por parte de las fuerzas invasoras. Según el relato oficial que trascendió en Madrid en 1975, el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes no pusieron pie en el territorio hasta el 11 de diciembre, mucho después de la Marcha Verde que, contaron entonces, había vuelto a sus bases de partida gracias a la diplomacia bilateral. Se supone que llegaron a El Aaiún de paseo en calesa como consecuencia del cumplimiento de los Acuerdos de Madrid. Sí, en calesa y tocando el banjo, porque, según esta versión, parecía como que los invasores habían sido unos caballeros mientras España había seguido en el territorio.
De los responsables de la administración colonial, sólo el coronel Luis Rodríguez de Viguri denunció que había comprobado las brutales torturas a las que los recién llegados habían sometido de inmediato a los saharauis sospechosos de no aceptar su dominación. Lo contó para transmitir la tremenda vergüenza que para él había supuesto tener que cumplir órdenes que le obligaban a mirar hacia otro lado, en lugar de atender a las peticiones de ayuda de los que hasta hacía poco habían sido subordinados suyos que habían servido lealmente a España.
Establece el art. 73 de la Carta de la ONU que las potencias administradoras tienen el deber de velar por el bienestar de sus tutelados. En cambio, el Gobierno español optó por hacer como que no veía ni oía, en un flagrante incumplimiento moral y legal. La inacción española fue así doblemente beneficiosa para la estrategia criminal de los invasores marroquíes. Quedaron con las manos libres para poner en marcha un genocidio y sin preocuparse porque les llamasen genocidas. También lograron que la historia de su agresión no fuese una invasión sino, algo muy distinto, una Marcha Verde pacífica.
No fue hasta el 26 de febrero de 1976 que el embajador español ante la ONU transmitió al secretario general de la organización aquella carta en la que su Gobierno (el primero de la monarquía) anunció la salida de la ex provincia 53 y la renuncia de España a las responsabilidades internacionales de potencia administradora del pueblo saharaui. Así que que no hay excusa que justifique que España no se enterase de las atrocidades marroquíes y las denunciase ante la comunidad internacional.
En los relatos de la historia sobre el comienzo de la invasión sigue habiendo varios agujeros negros. Uno de ellos es el que ocultó cómo vivió el pueblo saharaui la toma de control por parte de las fuerzas invasoras. Según el relato oficial que trascendió en Madrid en 1975, el ejército y las fuerzas de seguridad marroquíes no pusieron pie en el territorio hasta el 11 de diciembre, mucho después de la Marcha Verde que, contaron entonces, había vuelto a sus bases de partida gracias a la diplomacia bilateral. Se supone que llegaron a El Aaiún de paseo en calesa como consecuencia del cumplimiento de los Acuerdos de Madrid. Sí, en calesa y tocando el banjo, porque, según esta versión, parecía como que los invasores habían sido unos caballeros mientras España había seguido en el territorio.
De los responsables de la administración colonial, sólo el coronel Luis Rodríguez de Viguri denunció que había comprobado las brutales torturas a las que los recién llegados habían sometido de inmediato a los saharauis sospechosos de no aceptar su dominación. Lo contó para transmitir la tremenda vergüenza que para él había supuesto tener que cumplir órdenes que le obligaban a mirar hacia otro lado, en lugar de atender a las peticiones de ayuda de los que hasta hacía poco habían sido subordinados suyos que habían servido lealmente a España.
Establece el art. 73 de la Carta de la ONU que las potencias administradoras tienen el deber de velar por el bienestar de sus tutelados. En cambio, el Gobierno español optó por hacer como que no veía ni oía, en un flagrante incumplimiento moral y legal. La inacción española fue así doblemente beneficiosa para la estrategia criminal de los invasores marroquíes. Quedaron con las manos libres para poner en marcha un genocidio y sin preocuparse porque les llamasen genocidas. También lograron que la historia de su agresión no fuese una invasión sino, algo muy distinto, una Marcha Verde pacífica.
Casi 38 años después de que arrancase la historia de este crimen, ya estábamos asimilando que los acuerdos de Madrid fueron nulos; que debido a ello la “carta”
que daba por acabada las responsabilidades de España fue papel mojado; que los
marroquíes no iniciaron la ocupación del territorio con una marcha ecologista
sino con una invasión militar que inició antes que la Marcha Verde y que, estando España todavía ahí hubo
bombardeos de napalm contra la población civil saharaui que intentaba ponerse a
salvo huyendo hacia Argelia. Ahora, con la identificación de los restos de las fosas, también sabemos que hubo limpieza étnica de los beduinos para que el desierto quedase libre de
posibles colaboradores del Frente Polisario.
Los políticos españoles, sin embargo, siguen haciendo como que no se han enterado. Ellos siguen apostando por una historia que arranca con la Marcha Verde y que consumó un traspaso de administración limpio, inodoro y sin daños colaterales. Si el Frente Polisario decía que había fosas comunes de beduinos ejecutados, se descalificaba la versión por ser de parte “interesada”.
No puedo evitar recordar a la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez diciendo en el Senado que, “desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se puede calificar a Marruecos como potencia ocupante”. La razón, dijo ella, es que su presencia en el territorio “no es producto de un conflicto bélico ni de un elemento de fuerza, es fruto de un acuerdo (los mal llamados acuerdos de Madrid)”. Fue cuando dijo también aquella mentira descomunal que ya comenté de que España sí tiene responsabilidades históricas con el pueblo saharaui pero dejó de tener responsabilidades jurídicas el 26 de febrero.
Los políticos españoles, sin embargo, siguen haciendo como que no se han enterado. Ellos siguen apostando por una historia que arranca con la Marcha Verde y que consumó un traspaso de administración limpio, inodoro y sin daños colaterales. Si el Frente Polisario decía que había fosas comunes de beduinos ejecutados, se descalificaba la versión por ser de parte “interesada”.
No puedo evitar recordar a la ministra de Exteriores Trinidad Jiménez diciendo en el Senado que, “desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se puede calificar a Marruecos como potencia ocupante”. La razón, dijo ella, es que su presencia en el territorio “no es producto de un conflicto bélico ni de un elemento de fuerza, es fruto de un acuerdo (los mal llamados acuerdos de Madrid)”. Fue cuando dijo también aquella mentira descomunal que ya comenté de que España sí tiene responsabilidades históricas con el pueblo saharaui pero dejó de tener responsabilidades jurídicas el 26 de febrero.
Suponemos que ahora que el hallazgo de estas fosas tiene el respaldo científico de un equipo antropológico-forense de la Sociedad Aranzadi encabezado por el forense Francisco Etxebarría, sí podremos hablar de ocupación sin temor a ser acusados de mal uso del lenguaje.
Volviendo a la cuestión de que España era oficialmente potencia administradora el 12 de febrero de 1976, me pregunto si esos restos no permiten exigir responsabilidades a los Gobiernos de España por su alevosa complicidad con un espeluznante crimen humanitario. Al de 1975 y a los que siguieron y siguen sin hacer justicia a la verdad para que el pueblo saharaui deje de sufrir una ocupación ilegal.
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