acuerdos de Madrid, el 15 de abril de 2011. Foto: Ricardo Aznar
“El Gobierno otorga a la protección de los derechos humanos
en cualquier lugar del mundo y, en particular, en el ámbito del Sáhara
Occidental, una enorme importancia”. Eso es lo que asegura el director del
Gabinete de la presidencia de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, en una carta dirigida a José Antonio Gimbernat, presidente de la Asociación Pro Derechos
Humanos de España (APDHE). La misiva de Moragas, tiene fecha del 10 de abril,
y responde a otra carta que le había
dirigido Gimbernat al presidente Rajoy protestando por la indiferencia de su Gobierno ante las
recientes condenas dictadas por un tribunal militar en Rabat contra 24 presos
políticos saharauis detenidos en 2010 durante el brutal desmantelamiento del
campamento de protesta de Gdeim Izik, en las proximidades de El Aaiún.
La carta de Moragas (aquí la tenéis) fue escrita cuatro días antes de que la
Fundación Robert F. Kennedy que preside Kerry Kennedy, hiciese público que
Estados Unidos había propuesto un borrador de resolución para que el Consejo de
Seguridad de la ONU que está debatiendo sobre el Sáhara Occidental diese algún
tipo de competencia a los cascos azules de la MINURSO sobre las violaciones de
derechos humanos en la antigua provincia española.
El ministro García-Margallo descalificó seguidamente esta iniciativa estadounidense diciendo que es “inviable” y la opinión del jefe de la diplomacia española ha determinado que el presidente Obama acabase retirando su propuesta y se aviniese a negociar otro texto de resolución mucho más descafeinado. La clave del peso que ha tenido España contrarrestando la iniciativa de la poderosa superpotencia es, una vez más, la autoridad que España sigue teniendo en este conflicto de cara al resto de miembros de la comunidad internacional por seguir siendo legalmente la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es un hecho que no varía con las mentiras con las que los gobiernos españoles vienen mintiendo, desde 1975, a su opinión pública y la marroquí diciendo que España ya nada tiene que ver con el Sáhara Occidental en virtud de esos llamados acuerdos de Madrid que nadie sabe dónde están archivados.
El ministro García-Margallo descalificó seguidamente esta iniciativa estadounidense diciendo que es “inviable” y la opinión del jefe de la diplomacia española ha determinado que el presidente Obama acabase retirando su propuesta y se aviniese a negociar otro texto de resolución mucho más descafeinado. La clave del peso que ha tenido España contrarrestando la iniciativa de la poderosa superpotencia es, una vez más, la autoridad que España sigue teniendo en este conflicto de cara al resto de miembros de la comunidad internacional por seguir siendo legalmente la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es un hecho que no varía con las mentiras con las que los gobiernos españoles vienen mintiendo, desde 1975, a su opinión pública y la marroquí diciendo que España ya nada tiene que ver con el Sáhara Occidental en virtud de esos llamados acuerdos de Madrid que nadie sabe dónde están archivados.
Juan Antonio Gimbernat ante el Congreso de los Diputados. / R. Aznar |
Alguna pista sobre este lío quizás la encontremos en esa
parte de este último texto dirigido a la APDHE en la que, junto a su enérgico
pronunciamiento a favor de los derechos humanos, destaca “el permanente apoyo
de España a las gestiones realizadas en el marco de las Naciones Unidas en la
búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable al
conflicto del Sáhara Occidental”. Moragas dice que esta solución debe prever la
“libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” pero no explica cómo, a
la vista de lo ocurrido con la propuesta de los derechos humanos, se pueda
lograr una solución “mutuamente aceptable”, que sea del gusto de Mohamed VI. Como ya dije en Espacios Europeos, la cuestión de los derechos humanos
tiene mucho menor calado de cara a una solución definitiva frente a lo que es
la causa de los continuos atropellos que sufre la población saharaui por parte
de Marruecos: el derecho a la autodeterminación saharaui que el reino alauita
se niega a reconocer y que intenta contrarrastar con una monstruosa política genocida.
El “apoyo” a los derechos humanos del pueblo saharaui
expresado por Moragas, en todo caso, un apoyo flojo y engañoso. Obvia esa
cuestión que le viene planteando la APDHE a los Gobierno españoles en su campaña por la nulidad oficial de los llamados acuerdos de Madrid: que España
no hace más que violar el derecho internacional con su empeño en no asumir de
forma oficial e inequívoca sus obligaciones de potencia administradora y
cumplir a rajatabla el art. 73 del capítulo XI de la Carta de la ONU. En este
artículo relativo al grupo los Territorios No Autónomos en el que está incluido
el Sáhara Occidental se dice muy claro que “los Miembros de las Naciones Unidas
que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos
no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el
principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por
encima de todo...”
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