La Operación Serval tal como la refleja el Ministerio de Defensa francés con sus fotos.
El Gobierno de transición de Bamako ya no puede decir que las denuncias sobre violaciones a mujeres, torturas, ejecuciones sumarias, saqueos, envenenamiento de pozos y abusos cometidos por el ejército maliense en las zonas donde ha recuperado el control gracias a la intervención militar francesa, son un puro invento propagandístico de las fuerzas rebeldes en el norte de Malí. Organizaciones de prestigio como Human Rights Watch (HRW) creen que estas acusaciones tienen fundamento y que en Bamako, deberían intervenir antes de que este mal genere una nueva espiral de violencia étnica "que empeore la ya difícil situación" del país saheliano.
La última recomendación de HRW toma como ejemplo el caso de siete hombres de etnia tuareg con edades comprendidas entre los 21 y 66 años que acudieron a los investigadores de esta organización con visibles signos de tortura y secuelas de malos tratos y relataron cómo habían sido secuestrados el 15 de febrero por elementos del ejército maliense en Leré, en las proximidades de Tombuctú, con el pretexto de que sospechaban eran supuestos simpatizantes de las bandas yihadistas afiliadas al terrorismo de Al Qaeda.
Leré había sido “reconquistada” a finales de enero por las tropas enviadas por Hollande a hacer el trabajo del ejército maliense con la ayuda del contingente chadiano enviado por su aliado Idriss Déby. Según los testimonios de estas siete víctimas, el grupo había viajado a Leré desde pequeños poblados para vender su ganado en el mercado. Reconocieron que habían tenido noticia de que los soldados de su propio gobierno estaba dedicándose a todo tipo de represalia contra miembros de las minorías árabes, tuareg y peúl a las que acusan de haber apoyado la secesión del Azawad declarada el pasado año por el MNLA. Pero, explicaron a HRW, que su supervivencia depende de la venta de ganado y las noticias de que el ejército francés acompañaba a los malienses en Leré, vigilando su comportamiento, les había decidido a acudir a la feria de ganado de esa ciudad.
Los sorprendente es que, aunque se supone que los detenidos eran sospechosos de ser milicianos islamistas, miembros de las bandas que le acabaron comiendo el terreno al laicista MNLA, los siete han explicado que los militares que los torturaron apenas las preguntaron por las supuestas actividades terroristas que habían sido el desencadenante de su detención. Otro detalle curioso que aportaron y que incita a la pregunta de si no habrá ocurrido más veces, es que el 5 de marzo, todos ellos fueron trasladados del recinto donde los habían recluido en Leré, a Markala, una localidad situada a 265 kilómetros de distancia, y donde les obligaron a posar en una curiosa sesión fotográfica, exhibiendo rifles de asalto Kalashnikov, abundante munición, motocicletas y otro armamento. Se supone que con estas fotos se pretendía probar su asociación con los rebeldes islamistas.
Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, también ha llamado la atención sobre las brutalidades cometidas por el ejército gubernamental que habrían provocado un éxodo de 22.000 civiles, en su mayoría de etnia tuareg y árabe, de ciudades y poblados del norte del país. El MNLA ya ha advertido que está documentando lo que califica de crímenes de guerra y genocidio y que ha emprendido acciones legales para demandar al Gobierno de Malí ante el Tribunal Penal Internacional.
Por todo ello, es comprensible que la diplomacia francesa esté ahora movilizada en el logro este mes de una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que ponga en marcha una misión de cascos azules que tome el relevo a las tropas francesas. Su aventura neocolonial en Malí no sólo les cuesta 50 millones de euros cada día sino que podría terminar mal para el orgullo del “liberté, egalité y fraternité”, con serios daños para la salud política del presidente Hollande.
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