Severo Moto (en el centro) a la salida del juzgado de Valencia.
/ Foto de la web del Gobierno en el exilio de GE
Por fin, tras casi cinco años de espera, la justicia española ha decidido zanjar el caso del líder de la oposición guineana Severo Moto, acusado en 2008 por tráfico de armas a Guinea Ecuatorial. El juicio se celebró, tal como dijimos estaba previsto, en Valencia el pasado lunes día 14.
No hay sentencia todavía pero el partido se Moto ha celebrado el evento como un gran triunfo. “El día de ayer 14 de enero de 2013 será recordado y conmemorado en nuestra historia como una fecha clave en nuestra lucha por la liberación del pueblo de Guinea Ecuatorial de las garras de la dictadura”, anunciaron con júbilo en su web el pasado martes. En este texto se celebra el fin de una “gran pesadilla” a la que el propio dirigente se había referido en alguna intervención pública aludiendo a dos elementos: la incertidumbre ante la posibilidad de que su líder pudiese ser declarado culpable, y el forzoso congelamiento de las actividades del grupo opositor ante la falta de una decisión judicial.
Moto, que siempre sostuvo que las acusaciones de las que se le había hecho objeto eran el resultado de una trampa conspirativa urdida desde las alcantarillas del Gobierno de Zapatero (gran defensor del tirano ecuatoguineano Teodoro Obiang) asegura en esta comunicación que, durante estos “cuatro años de dura travesía” (que incluyeron una estancia en la cárcel de Navalcarnero de cuatro meses y cuatro días), nunca le faltó la fe “ni en la justicia ni en el pueblo español. ”
Estas declaraciones rebosantes de satisfacción parecen entrar en colisión con los titulares que la mayor parte de la prensa española ha dado sobre el desenlace judicial basándose en las informaciones dadas al respecto (como decíamos, todavía no hay texto de la sentencia), por la agencia Europa Press y el diario Las Provincias: “Severo Moto acepta seis meses de cárcel por un envío de armas a Guinea desde Sagunto”, lo cual da a entender que el opositor no se ha librado de ser declarado culpable del tráfico de armas. ¿En qué quedamos?
Desde el Partido del Progreso no hay comentario al respecto, así que, recapitulemos: en abril de 2008, Severo Moto fue encausado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu (que recientemente ha estado en las noticias por ese error que permitió la excarcelación de la banda china Gao Ping) de haber planificado el envío de un alijo de armas a Guinea Ecuatorial descubierto por la policía en el interior de un coche que iba a ser embarcado desde el Puerto de Sagunto con destino a la ex colonia española. “Los hechos que se investigan revisten, en este momento procesal, y sin perjuicio de ulterior calificación definitiva, los caracteres de un delito de tráfico de armas de guerra, previsto y penado en el artículo 566 del Código Penal”, expuso en su auto el magistrado que, ante la gravedad de los cargos, optó por elaborar un “juicio de peligrosidad” sobre Moto y decretar para él la prisión “`provisional, comunicada e incondicional”.
Puesto que el juez consideraba que “Severo Moto no sólo era plenamente conocedor de la compra y envío de las armas a Guinea Ecuatorial, sino que él mismo coordinaba y daba instrucciones a los demás implicados a fin de realizar dicho tráfico”, la pena a la que se exponía el líder del PPGE iba de un mínimo de 5 años hasta los diez años de cárcel. Una pena que estuvo a punto de engordar aún más cuando en la Audiencia Nacional se comenzó a considerar la posibilidad de acusarle también de pretender utilizar el “alijo” para un intento de golpe de estado así como de asesinato de un jefe de Estado. Así lo había exigido el dictador Obiang.
La estrategia del entonces abogado defensor de Moto, el inesperadamente fallecido letrado Francisco Fernández-Goberna, logró que el opositor recuperase la libertad en agosto de 2008, tras el pago de una fianza de 10.000 euros. La causa quedó pendiente pero limitada a un delito de tráfico de armas ya que Fernández Gobierna consiguió que en la Audiencia se abandonase el supuesto de que las armas iban a ser utilizadas para asesinar a Obiang u organizar un golpe de estado. La defensa de Moto puso mucho énfasis en el hecho de que las armas que se había incautado la policía (dos fusiles, una pistola y munición) estaban “descatalogadas y obsoletas y eran incompatibles con la munición que las acompañaba”, limitando así aún más la gravedad inicial de los cargos ya que, a un tráfico de armas no de guerra, corresponde una pena de entre dos y cuatro años de cárcel.
Según Europa Press y Las Provincias, en el juzgado de penal de Valencia, adonde la causa pasó tras la inhibición de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha seguido atribuyendo a Severo Moto la organización y planificación de la compra de armas con el fin de enviarlas a Guinea Ecuatorial. Pero, añade que, las pruebas periciales aclararon que las armas del arsenal en cuestión “no tienen la consideración de armas de guerra” y que una de sus piezas, un fusil Cetme, “tenía un objeto en su interior que impedía la alimentación de la recámara por lo que se encontraba, en realidad, inutilizado”. Ello explica que la Fiscalía pidiese para él una pena de dos años pese a que, como recuerda el texto de la agencia, los servicios de inteligencia españoles habían contribuido a las conclusiones del juez Andreu con un informe que sostenía que las actividades políticas de Moto contra Obiang suponían «un peligro para la seguridad de España».
Europa Press y el diario Las Provincias también coinciden en que al final, el fiscal no fue más allá y le propuso un trato a Moto que éste aceptó: seis meses de prisión por tenencia ilícita de armas, es decir nada de tráfico de armamento ni de conspiración por derrocar a Obiang, lo que justifica la alegría del entorno de este partido porque la justicia española haya llegado a la conclusión de que “Severo Moto no es una amenaza para la sociedad española”. Estaremos en todo caso pendientes del texto de la sentencia.
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