ZAPATERO Y LA DOCTRINA DE LA ONU CON EL SÁHARA

Celebración de la creación de la RASD en los territorios liberados.

Foto: Ricardo Aznar

Desde presidencia de Gobierno han respondido con una larga cambiada a un escrito procedente del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui que pedía el reconocimiento de España a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que ya han reconocido más de ochenta países. Alegan en La Moncloa que no puede ser por respeto a los "principios" y "propósitos de la Carta de la ONU" ya que “España respalda plenamente la doctrina de Naciones Unidas para resolver el contencioso sobre el Sáhara Occidental”.

Por lo que se ve, han optado por esa vía de aparente estricto respeto a la legalidad internacional con la que los firmantes de los ilegales acuerdos de Madrid de 1975 justificaron no haber otorgado entonces la independencia unilateral al Sáhara español: con ello, dijeron entonces, se hubiese predeterminado implícitamente el resultado del referéndum de autodeterminación (el camino previsto por la doctrina de la ONU) que deben votar los saharauis para dar por acabado su proceso de descolonización. Así lo explicaba por ejemplo Antonio Carro que, desde su cargo de ministro de la presidencia, fue el redactor de casi la totalidad del texto de esos mal llamados acuerdos de Madrid del 14 de noviembre de 1975.

Había una segunda y poderosa razón que había impedido tomar este camino y que él mismo reconoció ante las Cortes en 1978: reconocer la independencia del Sáhara por las buenas hubiese provocado una acción bélica por parte del rey Hassan II. Lo que ni Carro ni el resto de los cómplices de ese gran timo de los acuerdos de Madrid nunca lograron justificar con argumentos legales fue por qué, ellos que tanto empeño habían puesto en no ponerse por montera a la ONU cuando con ello se favorecía al Frente POLISARIO y el pueblo saharaui, no se lo habían pensado dos veces a la hora de dar una patada en el mismo cielo del paladar de esa doctrina onusiana con unos acuerdos que incumplían, al entregar el Sáhara a Marruecos, lo decidido por Naciones Unidas y, en especial, el dictamen que el Tribunal de La Haya acababa de emitir el 16 de octubre confirmando el derecho del pueblo saharaui a elegir su destino.

La historia sigue repitiéndose: Zapatero se muestra muy respetuoso con la doctrina onusiana en la parte que favorece a Marruecos (el no reconocimiento a la RASD) pero, en cambio, considera el respeto a la Carta de la ONU y la legalidad de las resoluciones una cuestión decorativa cuando se trata de aplicarla a favor del pueblo saharaui. La buena noticia es que al invocar sus asesores la legalidad internacional en contra de la RASD, se les puede exigir ahora con un nuevo escrito o alguna protesta (por ejemplo) que sigan por ese camino que no es compatible con ninguna de esas "políticas realistas" que han estado enarbolando para que España no cumpliese con sus obligaciones internacionales de potencia administradora del TNA del Sáhara Occidental (en especial las definidas en el art. 73 de la Carta de la ONU).

Que Zapatero y la ministra Trinidad Jiménez apliquen escrupulosamente y con el mismo ardor ese legalismo que tanto miman en contra de la RASD al contestarle al abogado Francisco Fernández Goberna. Como ya conté la semana pasada, el letrado ha presentado un requerimiento con el que la ministra de Exteriores debería aclarar la situación de la vigencia de los acuerdos de Madrid con un plazo que finaliza en unos días. A ver qué dice.

El abogado Francisco Fernández Goberna en el número de Mundo Negro sobre el Acuerdo (de Madrid) que nunca existió. Se puede leer pinchando aquí.

EL ACUERDO DE MADRID ILEGAL Y NULO

Si Trinidad no se fía de Fernández Goberna, al que Frank Ruddy llama "el moderno caballero de la triste figura", que repase por ejemplo este artículo publicado en EL PAÍS y elaborado por el insigne catedrático de derecho internacional Julio González Campos. En él se explica muy claro por qué los acuerdos no fueron legales y por qué España, además de violar el derecho internacional cuando los firmó en 1975, sigue pisoteando la legalidad y la doctrina onusiana cada día que pasa sin declararlos oficialmente nulos. Él, entre otros expertos, al liderar el movimiento a favor de la anulación de lo que no fue más que una Declaración de principios, solía recordar también que, conforme al Convenio de Viena sobre derecho de tratados, “si se han ejecutado actos como consecuencia de un tratado que es nulo, hay que realizar lo que esté en lo posible para volver a la situación anterior”. Ello, añadía, incluye que las partes en el acuerdo, empezando por España, “tienen que ajustar su conducta en todo momento a la norma que ha sido violada”.

Como la historia no deja de repetirse desde 1975, lo mismo nos salen desde La Moncloa con lo de que si hacen lo que deben, corremos el riesgo de que Mojamé nos monte un pollo en Ceuta, Melilla y Perejil. Como si perseverando en el crimen contra el pueblo saharaui nos fuésemos a librar de la prueba del nueve ahora que el sátrapa marroquí está fuera de control y decidido a ir a por todas... Lo de hacerles el favor de no reconocer a la RASD, ya lo han comprobado, sólo les ha servido para una breve y simbólica tregua...

En cualquier caso, la rabieta del déspota sería desde luego un problema gordo si en presidencia siguiesen convencidos de que la respuesta que dio Aznar en Perejil no es su modelo a seguir. Eso pensaba Bernardino León, el asesor de Zapatero en La Moncloa, la pasada semana pero, seguramente, lo que le dijo a un periodista antes de la huelga de controladores, ha quedado superado por los eventos del estado de alarma del fin de semana. Que Mohamed VI tome nota porque si Zapatero ha sacado al ejército de los cuarteles para tomar las torres de control de los aeropuertos de España y poner en vereda a simples trabajadores (sí, trabajadores, aunque con sueldo alto), qué menos que exhiba la misma determinación y firmeza contra una eventual agresión a las fronteras nacionales, aunque venga del "hermano" marroquí.