Con tal de que la opinión pública española no vea el tremendo y auténtico escándalo que subyace a la rebelión de Aminetu Haidar, ahora el PSOE y el PP pretenden enzarzarnos en una absurda polémica sobre si fue o no legal su desembarco en Lanzarote. Atentos, estamos ante una maniobra diversiva con la que confundir y desviar al ciudadano de a pie, que llevaba años sin ver el tema del Sáhara en las primeras páginas de la prensa, del dato clave y sus implicaciones jurídicas y políticas: 34 años después de que Marruecos invadiese el Sáhara, ESPAÑA SIGUE SIENDO LA AUTORIDAD ADMINISTRADORA DEL SÁHARA.
Vayamos por partes. Dice Zapatero que Haidar entró conforme a la Ley. En parte, lleva razón porque lo de intentar echarle el muerto a la delegada del Gobierno canario, la compañía aérea o al policía que en el control de aduanas de Lanzarote la dejó pasar sin pasaporte valdría si el rey Mohamed, al forzar a Aminetu a subirse a un avión en contra de su voluntad, hubiese elegido uno con destino a una ciudad de Suecia o EEUU.
El problema es que, para demostrarle Zapatero al PP que no hubo ningún error (como dice Dolores de Cospedal) en el cumplimiento de la ley, debería hacerlo no con esas supuestas argumentaciones humanitarias que él y su gobierno retuercen con tal de eludir, aunque sea a costa de dar saltos mortales y hacer el ridículo internacional, lo que de verdad les da la razón: Aminetu no necesita ningún pasaporte, y menos uno marroquí para entrar en España porque no es marroquí y España es su casa, desde el punto de vista legal. Pero para que lo entendiésemos, Zapatero debería de dar un vuelco a la política de complicidad con Marruecos que Aminetu denuncia y confirmar alto y claro que, de acuerdo con la legalidad de la ONU que él tanto defendió para Irak, el Sáhara sigue siendo un TNA, un Territorio No Autónomo, pendiente de ser descolonizado por España desde 1975, y que España sigue siendo la autoridad administradora.
Para hacerlo y, lo más importante, explicar las consecuencias que ello conlleva (ahora, como mucho, se habla de la autoridad administradora como si fuese de un elemento accesorio y prescindible del vestuario jurídico del asunto), Zapatero debería hacer un pequeño esfuerzo para refrescar la memoria histórica. Documentación no le falta porque se trata, en este caso, de la memoria histórica de su propio partido, el PSOE, que defendió este hilo argumental hasta que tomó el poder en 1983 y se volvió por arte de birlibirloque en gran “amigo” de un rey tirano (Hassán II). Seguro que en sus fundaciones están los textos e intervenciones de Francisco Villar (antes de ser secretario de estado de Felipe González para África en el Ministerio de Exteriores); Fernando Morán (antes de ser ministro de Exteriores del primer gobierno socialista) o del catedrático de derecho internacional Julio González Campos (antes de convertirse en magistrado del Tribunal Constitucional).
Intentando ser breve: el meollo del asunto está en el hecho obvio de que el proceso de descolonización sigue pendiente pero, ¡cuidado! no de Marruecos sino de España, lo que reduce la posición de Marruecos (en términos legales) a la de un estado gamberro que okupa el TNA del Sáhara ilegalmente, que sólo se vale de la fuerza para izar su bandera en El Aiún y, de paso, obligar a la ONU a no exibir la suya, ni siquiera en los cuarteles generales de los cascos azules que no sabemos muy bien qué están haciendo allí desde 1991.
Parece una verdad de Pero Grullo pero, tal es el olvido e ignorancia sobre este punto, que el asesor jurídico de la ONU Hans Corell tuvo que volver a recordarlo en 2002 con un dictámen jurídico que obligó a compañías petroleras de varias nacionalidades a desistir de la explotación de las riquezas del Sáhara que Marruecos les ofrecía porque, les vino a decir, sin títulos de propiedad, cualquier día se podrían encontrar en la tesitura de tener que afrontar la reclamación de los legítimos dueños.
Lo importante, en relación con Aminetu, es que el fondo del dictámen Corell no tenía que ver ni siquiera con el quién detenta la soberanía del Sáhara, sino con la autoridad administradora que es lo que tienen las potencias colonizadoras (si tuviesen la soberanía, Francia hubiese tenido razón cuando decía que Argelia era una provincia del Hexágono). Corell lo explicó muy clarito: Marruecos ocupa pero ni siquiera ha logrado en todos estos años, títulos legales para poder erigirse en autoridad administradora del pueblo saharaui.
Soberanía, administración…un lío, ya lo sé, pero clave para entender por qué Aminetu no necesita pasaporte. Lo más evidente es que Aminetu no es marroquí porque sólo podría serlo si la ONU hubiese dado por finalizado el proceso de descolonización para el TNA del Sáhara y el pueblo saharaui hubiese decidido ser marroquí expresando libremente su deseo de serlo. Tampoco es española, desde luego, a menos que su pueblo decidiese pronunciarse en un referéndum por seguir el ejemplo de Aruba con Holanda o la Guyana con Francia, que estando donde están son territorios ultraperiféricos de la Unión Europea.
En cualquier caso, lo que nadie puede es obligarla a llevar pasaporte marroquí y, de acuerdo a derecho, quien debería decidir quién sale o quién entra del Sáhara no es Marruecos sino España. Debería ser así sólo porque legalmente (de iure, dicen en el jerga jurídica) España sigue siendo la autoridad administradora sino porque el artículo 73 de la Carta de la ONU que España está obligada a cumplir sin que ninguna de sus leyes internas pueda entrar en conflicto con esta ley superior, dice:
“Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorio”...
El artículo 73 es mucho más largo y da para muchas reflexiones especialmente cuando dice eso de que la autoridad administradora debe asegurar “la protección contra todo abuso” del pueblo tutelado, es decir, que España debería proteger a los saharauis de abusos como los que el rey Mohamed acaba de perpetrar contra Aminetu.
En teoría, nuestra observancia con la Carta de la ONU, en concreto del art. 73, nos obligaría a defender los derechos y el interés del pueblo saharaui incluso con las armas, incluso corriendo el riesgo de entrar en guerra con Marruecos. Resulta fuerte pero es así, aunque, no nos asustemos porque el del Sáhara no es el único caso en el que se ha dado esta encrucijada y hay ejemplos que nos muestran que hay posibles salidas de escape. Portugal, por ejemplo, se vio en una situación parecida también en 1975 cuando su pequeña colonia de Timor Este fue invadida por Indonesia que interrumpió, como hizo Marruecos con el Sáhara, el proceso de autodeterminación que la metrópolis había puesto en marcha para su colonia, para anexionarse este TNA oriental muy rico en petróleo.
Para no entrar en una guerra que no podía asumir, Portugal declaró abiertamente ante la ONU que no podía ejercer sus obligaciones con el pueblo que estaba tutelando porque había una situación de guerra. Portugal se justificó pero declaró, con toda la carga de autoridad que le confería su situación de encargada de la administración de los timorenses ante la comunidad internacional, que Indonesia estaba donde no debía, en virtud de un acto de agresión. ¿Por qué no hizo España lo mismo? Ahí está esa complicidad con Marruecos de la que ningún gobierno de la transición ha querido desvincularse: la de dar por buena la farsa con la que el último gobierno de Franco prefirió hacer como que firmaba unos acuerdos de los que se ha hablado mucho pero cuyo texto nadie ha visto nunca. Son los famosos acuerdos de Madrid del 14 de noviembre (fecha en la que Aminetu inicia su calvario en Lanzarote) con los que Marruecos dice que España le dio la administración pero que nunca fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (como dicta la ley con todo acuerdo internacional). Son esos acuerdos que el propio enviado de Moratinos a Lanzarote dijo de tapadillo, probablemente con la intención de ablandar a Aminetu, que no están vigentes porque nunca fueron válidos ni existieron. Nadie se hizo eco del notición como se merecía el evento. ¿Por qué? La mala suerte quiso que ese notición pasase desapercibido mientras se encendía el foco sobre el secuestro de tres cooperantes en Mauritania, en una zona donde nunca ha habido problemas de seguridad, por parte de salafistas que ahora nos dicen son marroquíes. Lo cual daría para otras reflexiones sobre esas amenazas de las que ya hablamos y la valía de la cooperación marroquí en la lucha contra Al Qaeda.
Volviendo a la situación de Aminetu. A ella le resulta difícil explicarlo en una rueda de prensa pero no sólo es legal que una saharaui se desplace entre el TNA del Sáhara y España, que de iure (de facto deberia) lo administra, sino que quien está obligado por Ley y por el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones con la Carta de la ONU a denunciar que ella fue objeto de un secuestro, por parte de un grupo armado sin ninguna legitimidad jurídica, es el Gobierno español.
No hacerlo, convierte a Zapatero y su gobierno en un violador del derecho internacional y de las resoluciones y de la Carta de la ONU. De acuerdo, no fue Zp quien comenzó esta deriva, fue el último gobierno de Franco. Pero, evidentemente, Zapatero prefiere seguir por esta vía del incumplimiento de nuestras obligaciones que es la de la complicidad con la anexión marroquí, dando por hecho que lo normal es que Aminetu viaje con un pasaporte marroquí; que lo normal es que sea el rey Mohamed quien autorice o no a Aminetu a estar en El Aiún; que una resolución judicial marroquí puede tener valor en el Sáhara Occidental, dando por hecho que los acuerdos de Madrid existieron y que Marruecos es la autoridad administradora del TNA saharaui. Todo y más, con tal de no decir que Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara.
Zapatero debe de estarle muy agradecido al capote con el que el PP contribuye a ocultar la verdad desviando la atención con la polémica de la ley de extranjería y la emigración. Efectivamente, como dice el régimen marroquí con mucha razón, el dilema que plantea Aminetu es mucho más que una cuestión de derechos humanos, es un asunto claramente político.
P.D. Uf, qué complicado. Pero acabo de hablar con el abogado Fernández Goberna que ha hecho un interesante descubrimiento sobre el asunto de los funcionarios saharauis sin pensión ni indemnización. Comentando este especto del Haidargate me ha dado una idea para insistir sobre el tema con un ejemplo más práctico.
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