Aminetu Haidar en la entrega del premio Juan María Bandrés en Madrid.
Para continuar con la información y reflexiones sobre el Haidargate del sábado. El abogado Francisco Fernández Goberna, conocido también por haber librado al opositor guineano Severo Moto del último escandaloso intento de Moratinos por ganarse los favores de la repugnante tiranía de Obiang (la retirada de su estatuto de refugiado ), está de acuerdo: lo ilegal, en el caso de Aminetu Haidar, es que las autoridades españolas pretendan aplicarle la ley de Extranjería o concederle el estatuto de refugiado.
Así que no insista, señor Rajoy, en su intento por demostrar que el Gobierno de Zapatero lo hizo mal por no haber expulsado a Aminetu de vuelta a su hogar a menos que, su propósito sea el de simular una gran discrepancia con su oponente politico (no sería la primera vez) para cubrirse las espaldas con su electorado y, en la práctica contribuir a la estrategia con la que Zapatero y Moratinos no se oponen suficientemente a la determinación de Mohamed VI para que la Gandhi saharaui se suicide y no vuelva a crear problemas.
Porque ese es el resultado de su hacer que hacen (Zapatero y Rajoy) para en el fondo, no hacer nada y, desde hace 30 días, ninguno de los dos grandes partidos ha hecho ningún gesto que sirva para demostrar que Aminetu está equivocada y que España no es cómplice de Marruecos y su agresión al pueblo saharaui. No hay más que ver el apaño con que la juez de Canarias está intentando resolver la papeleta declarando, en la práctica, que el Sáhara es un país extranjero: pura provocación para una saharaui que pide al Gobierno de Zapatero lo que los españoles deberían haberle exigido hace tiempo: que España cumpla con sus obligaciones ante la ONU.
Volviendo a la cuestión de las ilegalidades cometidas por el Gobierno de Zapatero en el Haidargate. Son varias y de hondo calado, dice Fernández Goberna. Pero, ninguna, en relación con la aplicación de la ley de extranjería, al menos por el momento. “La ley de Extranjería no es aplicable a ningún saharaui que viva en el TNA del Sáhara ocupado por Marruecos o que, residiendo fuera de él, sea hijo de saharaui español”, me dice. De nuevo, estamos con esa cuestión que Rajoy y Zapatero se han puesto de acuerdo en evitar porque es la base de la cooperación española con la política expansionista de Mohamed VI en el Sáhara: ni más ni menos la de que España, tal como establece la ONU, sigue siendo de iure la autoridad administradora del Sáhara.
Si Aminetu y todo saharaui siguen legalmente (aunque Marruecos lo impida de hecho) siendo administrados por España tampoco hay lugar a que Aminetu reciba el estatuto de refugiada por parte de España porque esa es una condición que sólo se puede dar a alguien huido de un tercer país y el Sáhara, está claro, no es Marruecos.
“Es ilegal aplicar la ley de extranjería a Aminetu de la misma manera que nadie puede obligar a los saharauis a estar en posesión de un pasaporte marroquí para viajar al extranjero puesto que esta documentación a la que ella recurrió para retirar su premio en EEUU, a falta de la que realmente le correspondería (la española), le ha sido otorgada por un Estado diferente al que ostenta el rango de autoridad administradora del Sáhara”.
El gran despropósito que se ha cometido, desde el punto de vista legal y que da al “caso Aminetu” el empaque de un Haidargate, es la complicidad del Gobierno español con una detención illegal, la que los invasores marroquíes del Sáhara practicaron a la Gandhi saharaui a su llegada al aeropuerto de El Aiún y la operación politico-policial con la que, seguidamente, los esbirros de Mohamed VI han pretendido humillarla forzándola a abandonar su tierra. Dice Goberna que ahí sí que se produce la atrocidad legal, y por varios frentes.
Salta a la vista de cualquiera que no sea experto en leyes que huele a azufre que el ministerio de Exteriores estuviese al tanto de que Aminetu había subido al avión a punta de pistola de dos policías marroquíes, y que Moratinos hubiese dado luz verde a su deportación mucho antes de su aterrizaje en Lanzarote. Pero, añade este abogado, que con ello no se ha limitado el Gobierno a colaborar con uno de esos delitos perseguibles por la justicia global de los Garzones (los cometidos por dictadores o piratas extranjeros fuera de España) sino que ha violado la propia Constitución española, que es, de acuerdo a derecho la que sigue estando vigente en el TNA del Sáhara, pendiente de ser descolonizado por España.
Nuestra Constitución no contempla la deportación o el destierro como medida de castigo que sí administraban las leyes orgánicas de la dictadura franquista y que de hecho se aplicó en esa etapa siniestra a muchos de los que lucharon por el retorno de la democracia en España.
Como mucho, añade Fernández Goberna, “suponiendo que Aminetu hubiese cometido un crimen, en nuestra Constitución existe el alejamiento y, para administrarlo, en cualquier caso, la sentencia o auto jurídico que la condenase a este castigo debería estar emitida por la justicia española y no la marroquí. El problema, dice este abogado, es que la justicia española es la que en teoría es la competente en El Aiún a pesar de que, desde 1975, se ha dejado suplantar por otra que no lo es, sin decir esta boca es mía. ¿Por qué en lugar de decir que no pueden hacer lo que en puridad deberían hacer (administrar la justicia en El Aiún), porque alguien ha ocupado su lugar a golpe de cañonera, se dedican los jueces a legalizar la invasion buscando coberturas jurídicas que dan por hecho que el Sáhara es marroquí?”
Fernández Goberna dice que estamos en el mismo dilema que planteó el caso del avión que tuvo que darse la vuelta sin llegar a El Aiún por una amenaza de guerra, cuando él acusó al Gobierno de turno de haber sido cómplice de un acto de piratería marroquí por dejación de sus competencies, por consentir a los piratas que estuviesen en la Torre de control del Aiún donde debería haber estado en su lugar un funcionario español y ejercer el control de un espacio aéreo que le corresponde a España.
Vamos, que lo legal de verdad, en el caso Aminetu, hubiese sido que, al saber que su voluntad era quedarse en El Aiún, lo que debería haber hecho el Gobierno español es mandarla de vuelta al TNA del Sáhara que administra y donde Marruecos, si no se denuncia que es potencia ocupante no tiene nada que decir, escoltada por un par de decididos y aguerridos aviones cazas. Como ha dicho Obama al recoger su premio Nobel de la Paz, cuando lo que tenemos enfrente son estados gamberros, no hay buen rollito que valga para hacerles entrar en razón. Y en este caso, el belicismo que siempre ve la izquierda en el uso de la contundencia para imponer la Ley hubiese estado avalado por el derecho internacional: el belicismo hubiese sido el de una eventual agresión marroquí a los cazas españoles imponiendo la ley porque la intervención de nuestras fuerzas aéreas se habría convertido en un estricto cumplimiento del art. 73 de la Carta de la ONU.
¿Que nos da vertigo? Pues que Zapatero legalice la situación, haciendo lo que hizo Portugal con Timor Este. ¿O España es tan poca cosa, está tan débil y aislada que ni eso puede hacer sin que nuestro amigo Mohamed nos amenace de guerra? Digo, lo de decir que no puede administrar porque no se lo permite la amenaza de guerra de un estado agresor….
Siguiendo el hilo de los razonamientos de Fernández Goberna. Dice que no le extraña que Aminetu se pusiese furiosa porque Moratinos le ofreciese como gran favor excepcional, diciendo que era un honor para España, el pasaporte español o el estatuto de refugiada dando a entender que sin documento marroquí no se podía mover por el mundo y que de acuerdo a derecho no le corresponde ningún otro que el que graciosamente le de Mohamed VI. Podrán confundir a la opinion pública española pero a ella no. Esa oferta lo que esconde es una aceptación tácita pero implícita de la que ahora es símbolo internacional de la lucha del pueblo saharaui, a admitir que es marroquí, que lo suyo es viajar con pasaporte marroquí, que Marruecos y no España es la autoridad administradora y que se encuentra en Lanzarote porque es culpable de un supuesto crimen cuando en la práctica es víctima de una limitación del derecho de libre circulación que va en contra de la Constitución española vigente en el Sáhara hasta que se acabe la descolonización española con un referendum justo y libre.
Según Fernández Goberna, para que no haya equívocos y no convertir el caso en una violación de nuestra Ley, el juzgado de instrucción de Arrecife debería dictar una resolución que se restablezca de inmediato a la señora Haidar su derecho a la libre circulación, lo que significa que a cualquier parte del territorio nacional así como al TNA denominado Sáhara Occidental. Al ser una ciudadana de un territorio cuya autoridad administradora es España, y en ningún caso Marruecos, cabe calificar de equivalente la nacionalidad española con la condición administrativa de Aminetu y de cualquier saharaui. En consecuencia el supuesto secuestro que ella ha denunciado es competencia de la Audiencia Nacionales española y no porque se trate de un caso de justicia global sino de un secuestro perpetrado por motives politicos que corresponde tartar a esta instancia, como ocurre con los secuestros de ETA.
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